Tratado de la carta de la energía: España y Polonia ante su renovación en iguales términos en noviembre inician el camino a su salida.
España sigue el camino iniciado por Polonia hace dos semanas y comienza con el procedimiento para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC, por sus siglas en inglés) que protege las inversiones en determinadas infraestructuras energéticas.
El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998, cuya modernización se negocia desde hace cuatro años y, tras una última ronda celebrada el pasado julio en Bruselas, quedó en un estatus en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.
Cabe destacar que la protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles.
En estos momentos hay reclamaciones de fondos de inversión por un valor total de 10.000 millones de euros. El Gobierno trató de que renunciasen voluntariamente a la vía arbitral, ofreciéndoles una nueva senda de rentabilidad, pero la mayoría han rechazado.
España está tratando de esquivar las multimillonarias reclamaciones de fondos internacionales que invirtieron en energías renovables y lanzaron arbitrajes tras el recorte de las subvenciones en la década pasada. Mientras algunos tribunales arbitrales les dan la razón, el Tribunal Supremo se alineó con la visión del Gobierno y avaló el hachazo de 2013 a las energías limpias, así como el TJUE tras la Sentencia.
Esperemos que la salida de España de este tratado no provoque reticencias entre inversores internacionales, precisamente en un momento en que la transición energética demandará más de 200.000 millones para este fin, según los cálculos del Gobierno, durante la próxima década.
El hecho de que quedarnos fuera del marco supranacional al que acudir en caso de no estar de acuerdo con determinadas decisiones implica la asunción de mayores riesgos para los inversores. Sobre todo, en un país que ha implementado varios cambios regulatorios de calado en el sector energético en los últimos años, lo que no pasa desapercibido para los inversores foráneos. No olvidemos que España es, junto con Argentina, Venezuela y Perú, el país que más arbitrajes de inversores extranjeros afronta.
Por tanto más que una salida de le ETC un aspecto clave para España sería su renovación y modernización, de tal suerte que reconozca la supremacía del derecho de la Unión Europea respecto del propio tratado internacional. La cuestión no es baladí y es por ello que España y Bruselas están tratando desde hace años de evitar las reclamaciones de las renovables, buscando convencer a los tribunales internacionales de que el derecho europeo prevalece sobre la propia Carta de la Energía, una cuestión que no reconocen la mayoría de tribunales arbitrales, corregido eso sí, en parte, con la sentencia del TJUE en el caso ‘Komstroy’, que supone la prohibición efectiva de los arbitrajes intracomunitarios basados en el Tratado de la Carta de Energía.
